Nuestro despacho, desde sus inicios, ha asumido la defensa en asuntos penales referidos a delitos contra la Hacienda Pública, también llamados “delitos fiscales”, fundamentalmente en la provincia de Málaga (Marbella, Estepona, Behenavis, Mijas, Fuengirola, etc.) aunque también podemos atender en toda España Por lo tanto acumulamos una gran experiencia al respecto.

 Debe tenerse en cuenta que, a causa de nuestra especialización en derecho fiscal, en el ámbito de las litigación, somos unos grandes conocedores de la norma tributaria, requisito, en nuestra opinión, indispensable, para poder desarrollar una correcta defensa en el ámbito penal, dado que, en última instancia, el Código Penal, para la determinación de las cuotas defraudadas, se remite a las propias normas reguladoras de los impuestos, (por ejemplo, Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre Sociedades, etc.). Por tal motivo, somos unos profesionales especialmente cualificados para poder acometer proteger los intereses de nuestros clientes.

 No obstante, hay que resaltar que los principios que inspiran la defensa en el ámbito administrativo tributario ordinario no son los mismos que operan en el ámbito del derecho penal, en el que,  a causa de la gravedad de los intereses en juego, se deben respetar los derechos y libertades constitucionales esenciales, recogidos fundamentalmente, en los artículos 9.3, 25 y 24.2 de CE (este último establece  que “2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no considerarse culpables y a la presunción de inocencia”).

 Por lo tanto, las estrategias de defensa no pueden ser las mismas en el ámbito administrativo y en penal, porque insistimos, la gravedad de las consecuencias de una condena, conllevan que deban extremarse las garantías a favor del investigado, hecho que no acontece con igual pulcritud en el ámbito contencioso administrativo, en el que, con frecuencia, la inactividad probatoria y el derecho a no declarar contra uno mismo por parte del contribuyente, suelen correr en su contra.

 Por el contrario,  en el ámbito penal, el principio “in dubio pro reo” implica que los  casos dudosos, no deben ser resueltos  a favor de la interpretación extensiva más favorable para los intereses de Hacienda porque ello quiebra la regla de subsidiaridad de la norma penal. En conclusión, como resuelven las sentencias del TC 120/2005, de 10 de mayo y 48/2006, de 13 de febrero, para que exista un delito fiscal es preciso que haya existido una auténtica defraudación que implique la existencia de una ocultación, engaño, simulación, etc.

 Por último, el procedimiento penal es muy diferente del procedimiento contencioso administrativo, que requiere una praxis y una experiencia para poder defender a los clientes con solvencia. Nosotros tenemos ambas experiencias, habiendo actuado, de manera habitual, a lo largo de estos años, tanto en vía penal como en vía contencioso administrativa, en la defensa de los intereses de nuestros clientes.

 Si tiene un problema de esta naturaleza, le animamos a que se ponga en contacto con nosotros.

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