Es de sobra conocido que la Administración Tributaria (AEAT) es muy severa con el contribuyente cuando considera que no ha cumplido con sus obligaciones o  ha dejado de pagar sus tributos. Lamentablemente, esta forma de actuar, resulta en muchos casos desproporcionada, hasta el punto, de que,  en nuestra humilde opinión,  los ciudadanos no tenemos el menor derecho a discrepar o cometer alguna equivocación por inocente y básica que pueda ser.

Ese sería el caso de que aquel humilde asesor fiscal, que después de haber tenido que rellenar cientos de declaraciones durante los meses de junio (declaraciones de IRPF) y julio (cierre de trimestres y liquidación del IS), tuvo la desgracia de rellenar mal el casillero de bases imponibles negativas a compensar de años anteriores de la declaracion de IS (Modelo 200) de uno de sus clientes, una entidad inactiva, que nunca, ni antes ni después, tuvo beneficios. En definitiva “le bailó un dígito”.

A Hacienda no le importó lo más mínimo que se tratara de un error obvio, fácilmente detectable que se detectaba en base a la propia información que suministraba año tras año la empresa; que se subsanara inmediatamente cuando se detectó el fallo, o que, en realidad, dara igual, porque la sociedad nunca, ni antes ni después,  tuvo beneficios: al final, Hacienda le impuso al cliente una multa de unos 2000 euros.

Afortunadamente hemos logrado la anulación de la sanción, aunque lamentablemente, hemos tenido que ir a juicio por que ni Hacienda ni el TEAR nos quiso jamás dar la razón. Se trata de la Sentencia del TSJ de Andalucía (Sede Málaga) de 17 de octubre de 2016 en la que el Tribunal que por fin ha puesto coto a tanta injusticia y ha declarado expresamente lo siguiente

“Estas circunstancias permiten concluir sobre la ausencia de motivación del elemento subjetivo de la culpabilidad, pues no se acredita ni justifica la concurrencia de este elemento en la actuación de contribuyente, contemplada según las exigencias derivadas de la ley y de la interpretación constitucional de las garantías derivadas de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 24 y 25 de la Constitución, máxime cuando el error cometido fue subsanado en ejercicios tributarios posteriores y cuando la deuda tributaria fue oportunamente regulada.”

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