LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 390 DE IVA NO INTERRUMPE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 390 DE IVA NO INTERRUMPE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Recientemente, el TS, en la sentencia 450/2020 de 18 de mayo de 2020 ha dictaminado que la presentación del modelo 390 de IVA, no interrumpe los plazos de prescripción, no pudiendo entenderse que constituya un acto encaminado al reconocimiento de la deuda tributaria. Se trata de un dato especialmente interesante a tener en cuenta, especialmente, en aquellos casos en que hubiera que presentar algún tipo de declaración complementaria.

Nuestro despacho está totalmente especializado en la defensa del contribuyente en asuntos fiscales. Para cualquier duda, le animamos a que se ponga en contacto no nosotros. Primera consulta gratuita.

MUCHO ÁNIMO Y FUERZA

MUCHO ÁNIMO Y FUERZA

Desde nuestro despacho, queremos enviarles un mensaje de ánimo ante la situación tan desoladora que se ha generado como consecuencia de la propagación del virus COVID 19 (Corona Virus) y la  consecuente declaración del estado de emergencia, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 

Somos conscientes de que son momentos muy complicados tanto para las empresas y profesionales así como para los particulares. Nuestro deseo es que, pronto, estén solucionados los problemas de salud pública que nos afectan y que, poco a poco, vayamos todos regresando a la normalidad. Mucho ánimo.

Deseando que pronto la situación mejore, se despide atentamente,

 

Dámaso Roldán Pérez.

EL REQUISITO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA PAREJA DE HECHO EN ISD E ITP/AJD

EL REQUISITO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA PAREJA DE HECHO EN ISD E ITP/AJD

Lamentablemente, sigue existiendo un vaivén de sentencias contradictorias relativas a determinar si el requisito de la inscripción de la pareja de hecho en el registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma de turno es requisito imprescindible para que la pareja supérstite pueda acogerse a los beneficios fiscales, tanto de ITP/AJD como de ISD.

Pues bien, afortunadamente siguen apareciendo sentencias que dan la razón a aquellos que propugnamos que dicho requisito es únicamente probatorio, pudiendo demostrarse la existencia la pareja por cualquier medio admitido en derecho.

Concretamente, la STSJ de Galicia de fecha 17 de febrero de 2010, Nº. Rec. 15666/2018 ha determinado, en relación a una pareja de hecho en la que uno de los miembros estaba incapacitado que En estas circunstancias era de todo punto imposible que pudiera – a partir de tal fecha- prestar su consentimiento para la inscripción de la relación afectiva análoga a la conyugal que venía manteniendo con la recurrente doña Marcelina , prestación de consentimiento que por tratarse de un acto personalísimo no podía ser suplida por su tutor o representante legal por lo que no cabe exigirle un requisito de imposible cumplimiento toda vez que el citado Registro de Parejas de hecho se creó en el año 2007”.

En fin, se trata de una materia que está teniendo cambios de criterio importantes. A modo de ejemplo, el TSJ de Madrid ha variado su posición, volviendo a considerar que se trata de un requisito ad solemnitatem, cuando anteriormente había resuelto lo contrario.

En todo caso, si uno de los miembros de la pareja de hecho era nacional de otro Estado (fundamentalmente de la UE aunque podría ser un país tercero), creemos que es patente que el requisito de la inscripción de la pareja de hecho vulnera el derecho comunitario porque restringe las libertades comunitarias.

En primer lugar no debemos confundir el concepto de discriminación comunitaria con el de discriminación constitucional que tienen claros rasgos diferentes en la medida que la primera lo que proscribe es que se dificulten los traslados transfronterizos y las inversiones de capital entre estados, por razón de nacionalidad, cuando hay involucrado un extranjero.  No se trata entonces de ver si a un nacional y a un extranjero que residen aquí se les trata igual, sino, determinar si el extranjero está discriminado porque se le dificulta sus traslados, sus inversiones en otros estados, etc..  Por ello la exigencia de la inscripción de la pareja es discriminatoria por una serie de motivos.

            En primer lugar, porque  provoca trabas para la salida de España. Recordamos que el artículo 2 de la Ley de Parejas de hecho, limita su aplicación “a las parejas que, al menos, uno de sus miembros tenga su residencia habitual en cualquier municipio de Andalucía, y que ninguno de sus miembros se encuentre inscrito en otro registro como pareja de hecho”. Luego, concretamente en Andalucía, pero es igual el resto de comunidades, el artículo 6 y 9 de DECRETO 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, determina como motivo de baja “cancelación” en el Registro “el traslado de la residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, teniendo, obviamente, competencias el registro para modificar el registro, cuando por circunstancias sobrevenidas, se constata el abandono de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, por darse de baja en el padrón.

Según jurisprudencia comunitaria, muy arraigada, el requisito de la inscripción es discriminatoria para los ciudadanos extranjeros aun cuando residan en España, dado que se les limita de forma muy severa el poder cambiar de Estado, emigrar o regresar a sus países de origen. Es decir, a una pareja de hecho de extranjeros no se les puede exigir registrarse para gozar de un beneficio fiscal, porque luego, pueden llegar a sufrir trabas para desplazarse a otros países, incluso al que son nacionales y abandonar España, porque ello supone  la obligación de darse de baja en el registro “cancelación de la inscripción” lo que podría provocar la pérdida dichos beneficios fiscales. Entonces, se aprecia claramente que la norma andaluza incentiva, al exigir la inscripción, que las parejas de hecho de extranjeros no puedan volver a su país de origen, porque entonces se les tiene que dar baja del registro y pierden sus beneficios fiscales.

Reiteramos que el concepto de discriminación comunitaria es algo diferente del de igualad previsto en el artículo 14 CE. Concretamente, las libertades comunitarias lo que persigue es que las normas de los estados no interfieran en la libertad de las particulares y empresas en poder trasladarse entre los diversos territorios de la UE, (en todas las libertades) incluso, a países extracomunitarios, en el ámbito de la libertad de movimientos de trabajadores y de capitales.

Por ello, la justicia comunitaria es especialmente sensible a aquellas normas de tipo fiscal (tal y como acontece en este caso) previstas por su Estado que pueden provocar a una persona (especialmente si se trata de un extranjero con fuerte arraigo en otros estados) limitaciones a su derecho a trabajar, invertir capitales, montar una empresa, etc:.  Un efecto disuasorio

A modo de ejemplo, el TJUE ha tenido la ocasión de entrar a valorar si determinadas consecuencias derivadas del cambio de residencia fiscal pueden provocar un efecto disuasorio para aquellas ciudadanos de un Estado que deciden trasladarse a otro de la UE. En el ámbito de nuestra legislación, respecto del artículo 14 LIRPF, en su antigua redacción,  el Tribunal resolvió que la obligación de imputar rentas pendientes violaba el derecho de circulación por que ello podía suponer un motivo para no desplazarse, es decir, el establecimiento de trabas a la persona para emigrar. (STJUE de 12 de julio de 2012, Asunto N. ºC-269/09, Apartados 53 y siguientes. (NFJ 047562)).

Otra doctrina que nos puede servir de referencia para la posición del TJUE respecto de las obstrucciones para desplazarse dentro de la UE sería la relativa a la exigencia de plusvalías latentes. Sirva de ejemplo la Sentencia del TJUE de 29 de noviembre de 2011, Asunto Nº. C-371/10. (NFJ045002) que se pronunció sobre el  ajustamiento al Derecho Comunitario de la normativa de los Países Bajos que establecía el cobro de las plusvalías latentes correspondientes a los elementos del patrimonio de una sociedad constituida conforme a la legalidad de dicho Estado y que traslada su sede de dirección efectiva a otro Estado miembro, sin que se previera el aplazamiento del pago.

El TJUE entró a valorar si la regulación de los Países Bajos era  proporcional, dado que exigía el pago de los tributos en el momento del traslado sin permitir aplazar el pago al momento en el que las plusvalías se realizaran efectivamente con posterioridad. En este punto, el Tribunal declaró que era una medida desproporcionada, precisamente porque obstaculiza.

            En segundo lugar, el requisito de la inscripción, genera una segunda discriminación a  las parejas de hecho extranjeras que viven fuera de España porque, se les puede estar incitando a tener que emigrar a España, y tener que residir aquí,  para poder inscribir la pareja y así acogerse a los beneficios fiscales o alternativamente, liquidar el patrimonio y retornar los fondos. Nuevamente, se trata de obstáculos y trabas prohibidas por el derecho comunitario. La jurisprudencia citada anteriormente es perfectamente aplicable al caso.

Nosotros llevamos la defensa de algún caso verdaderamente sangrante. Hablamos de liquidaciones de ISD con sanciones de varios cientos de miles de euros, cuando, de haber estado inscrita la pareja, estaría exenta.

Confiamos tener suerte y que la justicia prevalezca.

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Abogados hacienda penal

Dámaso Roldán Abogados es una firma legal que presta servicios jurídicos a particulares, empresas, autónomos y sociedades; ya sean nacionales o extranjeros, en asuntos relacionados con embargos. Nuestros abogados y asesores, desde nuestros despachos y la asesoría de Málaga atenderán sus problemas de manera presencial o, si lo prefiere, a través de nuestra plataforma de atención y asesoría online.

Gestionamos asuntos relacionados con el levantamiento de bienes, levantamiento de embargo, y el asesoramiento para preparar el correspondiente recurso de reposición, etc. Nuestros asesores y abogados comparecen ante la Hacienda Pública, Agencia Tributaria, Tráfico, Seguridad Social, juzgados y tribunales, o cualquier otra administración; para realizar las gestiones necesarias para proceder al levantamiento del embargo de bienes, o para interponer el correspondiente recurso de reposición ya sea en el procedimiento ejecutivo, o contra la providencia de apremio.

Nuestros abogados y asesores son expertos en reclamaciones de todo tipo de embargo de bienes, ya sean por deudas tributarias o por deudas administrativas o judiciales. Desde la notificación de la diligencia de embargo o desde el inicio del procedimiento de apremio, un abogado experto se personará en el procedimiento en su nombre y representación para garantizar la defensa de sus intereses.

No se embargarán bienes cuyo valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución. Salvo que en su patrimonio sólo existieren bienes de valor superior. La única manera de evitar el embargo de bienes será consignar la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución, y en cuyo caso se suspenderá el embargo.

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Álava – Albacete – Alicante – Almería – Asturias – Ávila – Badajoz – Barcelona – Burgos – Cáceres – Cádiz – Cantabria – Castellón – Ciudad Real – Córdoba – La Coruña – Cuenca – Gerona – Granada – Guadalajara – Guipúzcoa – Huelva – Huesca – Islas Baleares – Jaén – León – Lérida – Lugo – Madrid – Málaga – Murcia – Navarra – Ourense – Palencia – Las Palmas – Pontevedra – La Rioja – Salamanca – Segovia – Sevilla – Soria – Tarragona – Santa Cruz de Tenerife – Teruel – Toledo – Valencia – Valladolid – Vizcaya – Zamora – Zaragoza

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Abogados hacienda

Tenemos una amplia experiencia en presentar todo tipo de alegaciones, recursos de reposición, solicitudes de suspensión, aplazamientos y fraccionamientos, así como la interposición de reclamaciones económico-administrativas ante las diferentes administraciones tributarias del estado, y tratamos como premisa principal que cualquier asunto o problema de carácter tributario sea analizado y valorado a través de un asesoramiento jurídico serio, profesional y realizado por un especialista en la materia que pueda dar cumplida respuesta a todas las dudas que la persona pueda tener sobre el mismo, ya que la sociedad cada vez más reclama del profesional del derecho un mayor grado de conocimientos y de especialización. Así, desde el primer escrito de alegaciones, hasta la presentación de una reclamación económico-administrativa, se realiza con el mayor rigor, seriedad y profesionalidad posible, haciendo nuestro el problema de la persona afectada.

Dámaso Roldán Abogados asesores legales y fiscales de empresas – es un despacho de abogados de reconocido prestigio. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral de consultoría, asesoría y gestión, dirigido especialmente a empresas, profesionales y entidades de todos los sectores y dimensiones. Dámaso Roldán Abogados, bufete de abogados y asesores ofrece una asesoría legal y fiscal de calidad. Todos nuestros clientes destacan nuestro compromiso, conocimientos y experiencia en temas de máxima relevancia para su negocio.

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ABOGADOS FISCALISTAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

ABOGADOS FISCALISTAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Si tiene problemas con Hacienda y necesita la ayuda de un abogado fiscalista en la provincia de Málaga, nosotros somos su mejor opción a elegir. De hecho somos de los pocos despachos de España que trabaja prácticamente en exclusiva en este tipo de procedimientos, actuando a nivel nacional.

Nuestro despacho lleva a años defendiendo los derechos del contribuyente en todo tipo de instancias administrativas y judiciales, siempre con resultados muy positivos.

Nos encargamos de la defensa de todo tipo de asuntos tributarios (fiscales). Entre otros los siguientes.-

1.- Procedimientos de gestión. Verificación de datos, comprobación limitada, devolución de ingresos indebidos, etc.

2.- Procedimientos de inspección tributaria.

3.- Reclamaciones económico administrativas.

4.- Peticiones de nulidad de pleno derecho y otros procedimientos especiales de revisión.

5.- Procedimiento contencioso administrativo.

6.- Recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

7.- Delitos contra la Hacienda Pública.

La materias que tratamos son muy variadas, IRPF, IS, ITP/AJD, IBI, Plusvalía Municipal, tasas, etc.

Le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene un problema. Primera consulta gratuita.

PROBLEMAS CON HACIENDA: ¡CONTRATE UN ABOGADO FISCALISTA. URGENTEMENTE!

PROBLEMAS CON HACIENDA: ¡CONTRATE UN ABOGADO FISCALISTA. URGENTEMENTE!

            Lamentablemente, son constantes los supuestos en los que nos encargan defender casos referidos a litigios fiscales en los que es imposible defender al cliente, porque en su momento, no se hizo lo correcto. La verdad es que resulta desalentador ver tantos supuestos en los que, tal vez se podría haber solucionado un grave problema tributario, si, cuando se pudo haber hecho algo, se hubiera actuado profesionalmente, y no se hizo.

            Los ejemplos son incesantes y las situaciones, en algunos casos, desoladoras. Todavía no entendemos por qué las personas afectadas no intentan recabar un buen consejo a tiempo, buscando un abogado.

            Yo el consejo que doy es que, si notan que se llega un problema grande, tienen malas vibraciones, que, cuanto antes mejor, busquen un abogado especialista.

            Nosotros damos siempre el máximo posible. Luchamos por nuestros clientes y jamás los abandonamos y, generalmente, solemos solucionar completamente, o aminorar de forma muy sustancial sus problemas, siempre dentro de la legalidad. Es imprescindible respetar la Ley.

            Escribimos este artículo porque, insistimos, los casos se suceden: porque no se hicieron bien las cosas cuando se pudo, ahora ya no se puede arreglar un problema fiscal.

            Nos gustaría que la lectura de este artículo de opinión pueda ir calando poco a poco en el contribuyente para que vaya consolidándose en la sociedad la idea de que es esencial recabar un buen asesoramiento de abogados especialistas, cuando los problemas con las administraciones tributarias llegan. Todo problema administrativo terminará en un juicio y, en este momento, obligatoriamente será necesario contratar un abogado. Por eso es mejor contratarlo lo antes posible porque tiene una visión más amplia que la que tienen otros profesionales.

            Procure defenderse con todas las armas que provee el Estado de derecho.

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