En Málaga a 29 de junio de 2015.

DECLARADA INCONSTITUCIONAL PARTE DE LA NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. ABIERTO EL PLAZO PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES A LA ADMINISTRACIÓN

Si usted tuvo que tributar por el Impuesto Sobre Sucesiones Valenciano debido al hecho de que residía fuera de la Comunidad Valenciana en el momento del fallecimiento de uno de sus progenitores que sí residían en dicha Comunidad, sepa que el Tribunal Constitucional ha declarado contrario a nuestra Carta Magna la disposición que sometía a tributación a aquellos hijos de valencianos que residían fuera de dicho territorio.

La situación, la verdad que resultaba completamente extravagante, por lo discriminatoria que era, pudiendo llegar a darse el caso de que, mientras los hermanos que residían en la Comunidad Valenciana no tenían que pagar el Impuesto Sobre Sucesiones, los hermanos que se habían marchado a otras regiones, sí tenían que tributar, en algunos casos importantes cantidades. (A modo de ejemplo, nosotros llevamos un caso de una valenciana que recibió una liquidación de ISD de la Comunidad Valenciana por importe de unos 20.000 euros, mientras tanto, los otros hermanos no tuvieron que pagar impuestos). Afortunadamente, el TC en la Sentencia 60/2015, de 18 de marzo de 2015 ha confirmado que se trata de un trato discriminatorio injustificable contrario a la Constitución. Dice así.-

Como señala el órgano judicial que promueve la presente cuestión, no estamos ante un supuesto en el que la diferencia de trato venga dada por una pluralidad de normas fruto de la propia diversidad territorial en que se configura la nación española, sino ante un supuesto en el que la diferencia se consagra en una única norma, acudiendo para ello a la residencia o no en el territorio de la Comunidad Autónoma. Si bien las desigualdades de naturaleza tributaria producidas por la existencia de diferentes poderes tributarios (estatal, autonómico y local) se justifican, en principio, no sólo de forma objetiva sino también razonable, siempre que sus consecuencias sean proporcionales, en la propia diversidad territorial, al convertirse el territorio en un elemento diferenciador de situaciones idénticas (por ejemplo, SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 2; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 7, y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 26), en el caso que no ocupa y, como señala el órgano judicial, el territorio ha dejado de ser un elemento de diferenciación de situaciones objetivamente comparables, para convertirse en un elemento de discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente «favorecer a sus residentes», tratándose así a una misma categoría de contribuyentes de forma diferente por el sólo hecho de su distinta residencia.

En suma, al carecer de cualquier justificación legitimadora el recurso a la residencia como elemento de diferenciación, no sólo se vulnera el principio de igualdad (art. 14 CE), sino que, como con acierto señala el Fiscal General del Estado, se ha utilizado un criterio de reparto de las cargas públicas carente de una justificación razonable y, por tanto, incompatible con un sistema tributario justo (art. 31.1 CE).

(…)

SI bien, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos a futuro, creemos que aquellos contribuyentes  que declararon sus tributos en régimen de autoliquidación deberían valorar instar un procedimiento de revocación de actos nulos o en su caso, solicitar una devolución de ingresos indebidos (los plazos son de 4 años a contar desde el momento en que se hizo el ingreso) y, en última instancia, debería valorarse la alternativa de instar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el estado por los daños sufridos (el plazo en este último caso es de un año a contar desde la fecha de la sentencia).

Más complicado resultaría intentar reabrir procedimientos de revisión iniciados por la Administración ya finalizados ya en vía administrativa o en su caso judicial. En estos casos el TC aclara que esta opción no es factible. Dice el Tribunal.-

 

Finalmente, en lo que atañe al alcance en el tiempo de nuestro pronunciamiento, hemos de seguir la doctrina recogida, entre otras, en las SSTC 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9, y 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, o 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7. En ellas hemos declarado que «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren debemos traer a colación… el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes “no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada” en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que –en el asunto que nos ocupa– esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme… El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes».

 

Si usted es uno de estos contribuyentes afectados por la discriminación que le comentamos le animamos a que se ponga en contacto con nosotros a fin de valorar iniciar las acciones legales que en su derecho interesen. (La primera consulta es gratis)

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