En Marbella (Málaga) a 29 de junio de 2015.

Recientemente, hemos tenido la satisfacción en nuestro despacho de anular completamente una liquidación en concepto de ITP/AJD mas una sanción que en su conjunto sumaba la cantidad aproximada de 20.000 euros.

El caso, en nuestra opinión, es un ejemplo clásico de que cómo un conjunto de “entes deshumanizados” se permiten el lujo de cometer todo tipo de tropelías sobre personas trabajadoras. A pesar de que la Constitución habla de muchos principios y valores de todo clase, los actos propios de las Administraciones (y de las entidades financieras) demuestran que les importamos poco.

El caso es el siguiente.- Nuestro cliente, un joven trabajador de unos treinta años y que gana como 15.000 euros al año, cometió la imprudencia de ir a la inmobiliaria de un banco para comprar un piso. Se dejó asesorar y finalmente compró un piso por valor de unos 100.000 euros. Como la compra era con hipoteca, de la tramitación de las escrituras se encargó una gestoría del propio banco.

Cual fue la sorpresa de nuestro cliente cuando pasadas unas semanas, la Junta de Andalucía, le tenía preparado un regalito de cerca de 20.000 euros. Se trataba de una comprobación de valores de unos 15.000 euros pero lo más lamentable de todo es que encima le reprochaban que había defraudado impuestos y en consecuencia le imponían una multa de cerca de otros 5.000 euros.

La verdad es que en este contexto se apreciaba claramente el increíble abuso que había cometido la Administración: liquidar 20.000 euros a un joven trabajador que compra su primera vivienda y que se apoya en la asesoría de un banco y que gana como 15.0000 euros al año.

Algo ha debido ver el TEAR de Málaga cuando ha anulado la liquidación y la sanción sin posibilidad de retroacción de actuaciones por lo que creemos que el caso ha quedado definitivamente cerrado (esperemos).

 

 

 

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