EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS. SU EMPLEO INCORRECTO PROVOCA LA NULIDAD RADICAL DEL ACTO.

Cada vez con más frecuencia están dictándose sentencias y resoluciones administrativas que anulan actos tributarios por haberse empleado el procedimiento de verificación de datos cuando en realidad debería haberse tramitado a través del denominado procedimiento de comprobación limitada.

El procedimiento de verificación de datos se regula en los artículos 131 y siguientes de la LGT. Los supuestos en los que se puede acudirse al mismo son los siguientes.-

Artículo 131. Procedimiento de verificación de datos.
La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en los siguientes supuestos:
a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos.
b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.
c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.
d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas.
De los supuestos anteriormente citados, el que más dudas ha suscitado es el apartado c) “Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma” y ello como consecuencia de la dificultad de entender el término “patente” que podría sugerir que se debe requerir necesariamente a cuestiones muy simples que no requieren ningún esfuerzo interpretativo.
Pues bien, los Tribunales han venido haciendo una interpretación un tanto restrictiva de los supuestos en que puede emplearse dicho procedimiento, cuando deban realizarse interpretaciones jurídicas muy básicas. Por lo tanto, en el caso de que se deban realizar valoraciones más complejas deberá utilizarse otro procedimiento, en muchas ocasiones, el denominado “Procedimiento de comprobación limitada” regulado en los artículos  136 y siguientes de la LGT.
Los casos en los que se está aplicando esta doctrina es variado. Pueden resaltarse supuestos de aplicación indebida de exenciones por reinversión y deducción por adquisición de vivienda habitual, aplicación de bonificaciones, compatibilidad del procedimiento con el de comprobación de valores, etc.
Algunas Sentencias y resoluciones administrativas  de fechas muy recientes que se refieren a esta cuestión establecen la siguiente Jurisprudencia.-
 “la regularización practicada excede de los límites del procedimiento de verificación de datos, habida cuenta que entre otras cuestiones se plantea la calificación jurídica de las cantidades destinadas a la compra de la nueva vivienda con anterioridad a la venta de la que hasta entonces era su vivienda habitual, discrepancia jurídica que excede del mero control formal. Asimismo, plantea la Oficina Gestora no sólo la antecitada discrepancia sino también la pérdida del derecho a la aplicación en el año 2005 de la reducción por movilidad geográfica al no haberse ejercido en el año 2004 y en consecuencia, ha prescrito su derecho. Ambos aspectos plantean cuestiones cuya complejidad exige un procedimiento, al menos, de comprobación limitada, ya que no se trata de “una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados por la misma” .
También encuentra fundamento la tesis impugnatoria de la parte actora en la resolución del TEAC de 21 de mayo de 2015. En esta resolución se analizan las diferencias entre el procedimiento deverificación de datos y de comprobación limitada. Se indica que los efectos de uno y otro procedimientos son radicalmente diferentes; debido a estas diferencias, la elección por parte de la Administración de iniciar un procedimiento de verificación de datos, y no de comprobación limitada, siendo este último el procedente, le deja abierta la posibilidad de volver a comprobar, sin límite y sin vinculación alguna al previo pronunciamiento administrativo, el objeto previamente regularizado; es esta la diferencia sustancial con el procedimiento de comprobación limitada, cuyas liquidaciones, aunque también provisionales, tienen efectos preclusivos en los términos del artículo 140 de la LGT ; y esta diferencia existiendo un incumplimiento frontal, evidente y manifiesto de las normas aplicables reguladoras de los procedimientos administrativos de aplicación de los tributos, afecta de plano a los derechos y garantías de los obligados tributarios y el vicio cometido encaja en el apartado e) del artículo 217 de la LGT , debiendo enmarcarse en la categoría de nulidad de pleno derecho” <<STSJ de Castilla y León de fecha 26 de junio de 2015, Fundamento De Derecho Tercero>>
Por último, cabe resaltar que las consecuencias que se derivan de la utilización del procedimiento incorrecto son muy severas por constituir un supuesto de nulidad radical de pleno de derecho que conlleva como consecuencia inmediata la nulidad radical del acto impugnado.
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