Recientemente, el Tribunal Supremo en Sentencia  116/2017, de 23 de febrero de 2017, Sala de lo Penal, Rec. n.º 1281/2016, ha considerado que la utilización de los datos bancarios de la Lista Falciani por las Autoridades Españolas es ajustada a Derecho y, ello, independientemente de que este señor se hubiera apropiado ilícitamente de las pruebas. 

Llama poderosamente la atención los argumentos que emplea el Alto Tribunal para otorgarle validez. Concrétamente, argumenta que aquel señor “sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso”

“No existe, pues, dato indiciario alguno que explique la obtención de esos ficheros como el resultado de una colaboración – ad hoc o sobrevenida- de Belarmino con servicios policiales, españoles o extranjeros. Tampoco hay dato alguno que fundamente la hipótesis de que, una vez ofrecida esa información, los servicios fiscales españoles se hicieran con ella en virtud de un pacto con el infractor. No hay constancia, ni en el hecho probado de la sentencia recurrida -que omite cualquier alusión al respecto- ni en la demanda de extradición cursada por las autoridades suizas cuando Belarmino fue identificado en España.
En consecuencia, los ficheros bancarios que se correspondían con personas y entidades que disponían de fondos, activos y valores en la entidad suiza HSBC, fueron correctamente incluidos en el material probatorio valorable por el Tribunal de instancia. No estaban afectados por la regla de exclusión. Se trataba de información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles. La finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Belarmino , que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso. La incorporación a la causa penal abierta en el Juzgado de instrucción núm. 4 de Alcobendas de esos archivos comprometedores para los afectados, no guarda conexión alguna -ni directa ni remota- con la vulneración de los datos personales que protegían a los evasores fiscales.”
<<Sentencia  116/2017, de 23 de febrero de 2017, Sala de lo Penal, Rec. n.º 1281/2016, Fundamento de Derecho Quinto>>
Si bien no somos conocedores en profundidad del proceso, pensamos que la argumentación del Tribunal Supremo ofrece muchas dudas, porque parece que se respalda jurídicamente a que se pueda robar documentación y comercializarla, siendo irrelevante el posterior uso que el comprador pueda hacer de ésta, como por ejemplo, enviarla a las Autoridades.
Es seguro que se seguirán interponiendo recursos ante Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia Europeo o otras instituciones internacionales y, posiblemente, al final, se acabe dando la razón al Justiciable.
WhatsApp chat