EL TS  CONCLUYE QUE EL PLAZO PARA PEDIR LA DEVOLUCIÓN DE UN INGRESO INDEBIDO SOLICITADO, EN BASE A LA DECLARACIÓN POR EL TJUE  DE QUE UNA NORMA ES CONTRARIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO, ES DE 4 AÑOS A CONTAR DESDE QUE SE HIZO EL INGRESO O FINALICE EL PLAZO PARA PARA PRESENTAR LA AUTOLIQUIDACIÓN.

El Tribunal Supremo en Sentencia 2446/2016 de 16 de noviembre de 2016, ha resuelto en recurso de casación para unificación de doctrina, que el plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación, derivado de la declaración de una norma contraria al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es de 4 años a contar desde el momento en que se practicó el ingreso o, finalizó el plazo para para presentar la autoliquidación si se realizó el ingreso dentro de dicho plazo. (La sentencia casada decía que el plazo se computaba desde el momento en que se pronunció el Tribunal Europeo)

Ahora bien, en caso de que dicho plazo haya finalizado, el contribuyente tendrá la posibilidad, dentro del plazo de un año, de ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador para la reparación de los perjuicios causados por los actos aplicativos de la norma declarada inconstitucional.

Dice el Tribunal.-

“En definitiva a la vista de la jurisprudencia, en los supuestos de declaración de inconstitucionalidad de una ley, proyectada en supuestos semejantes al que nos ocupa, el plazo de prescripción para el ejercicio del derecho a la devolución de ingresos tributarios indebidos es de cuatro años desde el día siguiente en que se realizó el ingreso o finalice el plazo para presentar la autoliquidación si se realizó el ingreso dentro de dicho plazo, arts. 66.c ) y 67.1.c) de la LGT . A lo que cabe añadir que ya la jurisprudencia reconoció la posibilidad del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador para la reparación de los perjuicios causados por los actos aplicativos de la norma declarada inconstitucional.”

<<Sentencia 2446/2016 de 16 de noviembre de 2016, Fundamento de Derecho Quinto>>

Personalmente, opino, que la sentencia ofrece muchas dudas, en lo tocante a su legalidad comunitaria, siendo muy probable que, finalmente, el TJUE acabe pronunciándose de forma diferente. Buena prueba de ello es que tres magistrados han emitido un voto particular en el que consideraban que el Tribunal Supremo debería previamente dirigido al TJUE a título prejudicial, para pronunciarse al respecto.

Casi con total seguridad acabará llegando algún pronunciamiento del TJUE que dará la razón al justiciable en casos similares al que ahora nos ocupa. En conclusión: hay que seguir litigando para erradicar los abusos.

 

 

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