LA CONTABILIZACIÓN DE UNA DEUDA FICTICIA SUPONE UNA GANANCIA NO JUSTIFICADA DE PATRIMONIO

En Málaga a 24 de junio de 2015.

Recientemente la Audiencia Nacional en Sentencia de fecha 5 de marzo de 2015 ha confirmado unas liquidaciones giradas por la Agencia Tributaria en la que se declararon como ganancias justificadas unas determinadas deudas cuya existencia no estaba correctamente justificada.

En la Sentencia se relata que la empresa argumentaba en su favor que “existía realmente una deuda (préstamo) del socio frente a la sociedad, aunque reconoce que, por extravío, no aportó el contrato privado del préstamo ante la Inspección, y sin embargo, en el ámbito del proceso concursal que sigue JASATE, el Sr. Jose Augusto , hizo aportación del mismo”.

La Agencia Tributaria argumentaba que la sociedad  “contabilizó un pasivo de 3.274.665,68 € como “efectos comerciales a pagar” que no representaba deuda alguna de JASATE, sino de su socio mayoritario, D. Jose Augusto , como consecuencia de la adquisición de un inmueble realizada por dicho socio en nombre propio. Se afirma que, el hecho de que con posterioridad, dicho socio aportase el inmueble adquirido a la sociedad, como consecuencia de la ampliación de capital realizada por esta, no convirtió a dicha sociedad en deudora del originario trasmitente, ICEPSS, pues dicha sociedad no se subrogó en la deuda que el socio, persona fisica, tenia para con ICEPSS”

Por una parte, la Audiencia Nacional aclara que no debe confundirse el término “deuda ficticia” con el de “deudas respecto de cuyo origen y deducibilidad fiscal no da una explicación satisfactoria el sujeto regularizado”. (En este segundo caso no habría realmente una ganancia) Dice así la Audiencia.-

 “En otras palabras, las deudas contabilizadas a favor de un tercero que resulta ser cierto y determinado -como aquí sucede- con el que, además, la recurrente sostiene una relación societaria que no puede ser desconocida por la Inspección, podría dar lugar al tratamiento fiscal procedente, el que correspondiera a la renta dejada de declarar -para lo cual, es de repetir, habría sido exigible a la Administración un mínimo esfuerzo en su actividad comprobadora- pero lo que en modo alguno puede determinar es la calificación de esa deuda, de la que existen numerosos rastros en el proceso, máxime después de la celebración de la prueba pericial, como inexistente cuando consta el origen y la naturaleza de las deudas de la actora con TRACIM, contabilizadas como créditos por ésta que, por razones financieras, satisfizo a la entidad ahora demandante en sus relaciones con terceros, como resulta de la citada prueba pericial.”

 

Ahora bien,  llegado a este punto, queda claro, según determina el Tribunal, que la carga de la prueba de acreditar la existencia de la deuda le corresponde al propio interesado que intente valer su derecho. Por lo tanto, en el presente caso, la entidad era la que tenía que demostrar que aquél pasivo contabilizado era real.

La Audiencia Nacional haciendo una valoración conjunta de la prueba concluye que la deuda contabilizada no era real, dado que concurrían un determinado conjunto de indicios que llevaban a esta conclusión. Entre otros: 1º, que el contrato de préstamo no fue aportado sino hasta una vez iniciado el proceso judicial (la inspección no tuvo acceso al mismo); y, 2º, que el realidad el socio era dueño del 90% de la sociedad y por tanto, la posterior documentación que se aporto relativa a una demanda de conciliación realizada dentro de un proceso concursal no era más que una reclamación que el socio se realizaba a sí mismo.

 

 

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