En Málaga a 28 de septiembre de 2015.

La Ley 34/2015 de reforma de la LGT ha modificado sustancialmente el cómputo de los plazos en los supuestos en que se haya producido una anulación de una liquidación que provoque una retroacción de actuaciones.

La cuestión se regula expresamente en el artículo 150.7 de la LGT que ha quedado redactado como sigue.-

“Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la retroacción de actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el periodo de que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1, o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.”

Como principal novedad se constata, comparando la redacción actual con su predecesora, que ahora, esta regla, solo se aplica a supuestos en los que haya habido “defectos formales”. (Con anterioridad, no se hacia referencia a este inciso y la Jurisprudencia había ido extendiendo su aplicación  a otras actuaciones de ejecución).

Surge entonces la duda de qué debe entenderse por defecto formal. En nuestra opinión, haciendo una interpretación sistemática con la LRJPAC (causas de anulabilidad) creemos que más bien se estaría refiriendo a omisiones de trámites procedimentales cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Al respecto consideramos que el obligado tributario deberá analizar esta cuestión para determinar si estamos ante un supuesto de nulidad formal en cuyo caso podría llegar a ser de aplicación este precepto.

En lo que se refiere a nulidades parciales de resoluciones en los que se no se han producido defectos formales, entendemos que la regulación se encuentra ahora prevista en el artículo, 239.3 de la LGT que determina lo siguiente.-

3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.
Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación.
Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes.»

 

Por lo tanto, parece que la norma prevé que sucedan dos posibilidades.-

1.- Que se produzca una anulación por defecto formal que provoque retroacción de actuaciones. En cuyo caso, sería de aplicación el artículo 150.7 de la LGT (6 meses como plazo máximo).

2.- Que se produzca una nulidad parcial de un acto que provoque la necesidad de dictar un nuevo acto de ejecución que deben ser notificados en el plazo de un mes.

Llegado a este punto, debemos plantearnos cuáles serán las consecuencias del incumplimiento de dichos plazos.

Respecto del caso de retroacción de actuaciones por defectos formales la cuestión ha sido resulta por el TS que determina que no se tendrán por interrumpidos los plazos de prescripción. En cuyo sí hubieran pasado más de 4 años desde que finalizó el plazo de pago, habría prescrito el derecho de la Administración.

En el segundo de los supuestos, la realidad es que no está tan clara la cuestión por lo que estamos seguros que en el futuro se iniciarán multitud de pleitos por este motivo dado el corto plazo que tiene la Administración para liquidar. de lo que deducimos que se incumplirá el plazo en muchas ocasiones. Creemos que existen dos alternativas.-

La primera sería considerar que se ha producido el vencimiento de un plazo y por lo tanto, se tienen por no interrumpidos los plazos de prescripción en cuyo caso, es probable que en muchos supuestos que hubiera prescrito el derecho de la Administración a liquidar.

El segundo supuesto, sería considerar que se han incumplido los plazos para resolver, existe por lo tanto, una inactividad de la Administración que en el caso de que de durara 4 años podría provocar la prescripción. Nosotros creemos que es probable que los Tribunales terminen por acogerse a esta segunda interpretación dado que así nos induce a pensar el propio tenor de la ley cuando dice que “los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación”. (Algo similar a lo que sucede en la actualidad con los procedimientos de gestión tributaria)

Creemos que van a surgir dudas acerca del alcance de este precepto y también existe el riesgo de que muchas actuaciones de “retroacción por defectos formales” se enmascaren con otra denominación precisamente para evitar las consecuencias del incumplimiento de los plazos de la norma.

 

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