LA NUEVA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACION EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: UN AVANCE EN LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE.

En Madrid.

Centrándonos en lo que sería el Procedimiento Contencioso Administrativo, hemos vivido en los últimos años (ya desde tiempos en los que estaba de Presidente el Sr. Rodríguez Zapatero y también con el Sr. Rajoy)  un proceso de supresión de derechos al justiciable que, a nuestro modo de ver, podría considerarse como absolutamente escandaloso. Así, nuestro Legislador, con la escusa de agilizar la Justicia, fue introduciendo una serie de reformas  que en realidad implicaban el establecimiento de trabas y encarecimiento del proceso para dificultar el acceso a la justicia del ciudadano medio. (La Ley de tasas (ahora reformada) y el criterio de imposición de costas a la parte vencida fueron claros ejemplos de lo que decimos).

Otro ejemplo, lo fue la reforma de los recursos de casación, cuyas cuantías fueron incrementadas de forma exponencial hasta el punto que, en realidad, de facto, suponía que las personas “normales”, no tenían derecho de este tipo de procesos. Así, la cuantía para la admisión a trámite del recurso de casación ordinario se incrementó hasta la suma de 600.000 (¿ una Justicia para grandes empresas y millonarios?) y la del recurso de casación para unificación de doctrina, que ya de por sí es difícil su admisión a trámite, se incrementó hasta la cifra de 30.000.

Pues bien, parece que el Legislador ha hecho un cambio en su política legislativa y ha suavizado los requisitos para que una sentencia pueda ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Ya anticipamos, que con la nueva regulación, seguirá siendo complicado que revise una sentencia nuestro alto tribunal, dado que deben cumplirse una serie de requisitos objetivos, pero al menos, ahora, podrá intentarse, sin que queden inadmitidos por no superar la cuantía de 600.000 euros en el caso de recurso de casación ordinario y 30.000 en el recurso para unificación de doctrina (se exigían otros requisitos bastante complejos).

La L.O 7/2015 de reforma de la LOPJ de fecha 21 de julio,  ha modificado los artículos de la LJCA que regulan el recurso de casación.

Cabe decir que la nueva normativa, excluye del ámbito objetivo del recurso, la valoración de las pruebas que haya hecho el Tribunal que hubiera conocido en primera instancia, por lo que, prácticamente con carácter general, sólo podrán plantearse cuestiones jurídicas. Únicamente, se prevé una excepción en el artículo 93.3 , cuando se dice que “En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.” Habrá que ir viendo cómo se va interpretando esta excepción, dado que en realidad una integración de concretos hechos probados puede llevar a que se den por acreditados los requisitos para que se aplique una norma. En muchos casos además, las sentencias recurridas pueden ser un tanto oscuras a la hora de hacer la valoración de la prueba lo que puede conllevar que el Tribunal Supremo pueda integrar lo que considere conveniente.

De la nueva regulación, como ya hemos dicho, destacamos que no se prevé una cuantía mínima para poder interponerlo. Ahora, lo que se precisa es que exista interés casacional objetivo. La norma no define exactamente a que se refiere tal concepto pero da unas pautas al Tribunal Supremo para que pueda apreciar su existencia.

Por una parte, en el artículo 88.2 de la LJCA se determina que podrá apreciarse dicha existencia cuando concurran los siguientes requisitos.-

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.

b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.

c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.

e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.

f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.

g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.

h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.

i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

 

Posteriormente, considera que existirá interés casacional objetivo en los siguientes supuestos.-

a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

 

Como ya hemos dicho anteriormente, en lo que respecta a los derechos del ciudadano medio, PYMES, etc la nueva regulación, al menos a nivel teórico supondría una mejora en sus derechos porque podría tener al alcance de la mano, poder interponer este recurso. Ahora bien, todo dependerá de cómo vaya interpretando el Tribunal Supremo la posible concurrencia de interés casacional. Personalmente, albergo cierta fe en que nuestro alto Tribunal tendrá la sabiduría suficiente para llegar a una interpretación equilibrada y justa del término que no lesione derechos fundamentales. No obstante, se aprecia que existe el riesgo de que comience a recibir avalanchas de recursos muchos de los cuales no deberían ser admitidos a trámite.

En Madrid y Cádiz. impuestos, fiscal, hacienda, Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Granada,

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