LAS ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS EN UN PROCEDIMIENTO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO NO INTERRUMPEN LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

El Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de marzo de 2015 Rec. n.º 1940/2013, confirma que los escritos presentando alegaciones complementarias o cualquier otro tipo de escrito, una vez interpuesta una reclamación económico administrativa no interrumpen los plazos de prescripción.

En muchas ocasiones, por diversas causas, durante la tramitación de un procedimiento administrativo, los interesados se ven en la necesidad de aportar escritos para poder efectuar determinadas alegaciones. Dado que la inactividad por largo tiempo de los  Tribunales Económico Administrativos puede provocar la prescripción, es un dato relevante a tener en cuenta.

Dice así el Tribunal Supremo.-

“Ya se ha dejado constancia, con cita jurisprudencial, que “la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase” a que se refiere el ap. b) del art. 66.1 LGT , acabado de citar, aun cuando literalmente no venga nominado entre las causas interruptivas que tal precepto establece”, esto es, se ha realizado una interpretación jurisprudencial entendiendo que la referencia contenida en el expresado artículo a reclamaciones o recursos comprende también al escrito de alegaciones, a los efectos de tener por interrumpida la prescripción, y ello en tanto que puede ser considerado una prolongación o concreción en su momento esencial de la reclamación interpuesta por el interesado, a pesar de lo excepcional del sistema legalmente previsto en cuanto no parece avenirse con un principio básico de que el legítimo ejercicio de un derecho no puede perjudicar a quien lo ejercita, recordemos los términos de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2004 , cuando dice que “a la hora de configurar los actos propios del obligado tributario que interrumpen la prescripción, es posible prever actos tendentes al reconocimiento del tributo, pero resulta completamente extraño a la configuración de la prescripción, afirmada a partir de su regulación en el Derecho Privado, establecer la interrupción por actos que son expresión de un derecho a la tutela judicial efectiva, como la interposición, tramitación o resolución de recursos y reclamaciones, a la que se refiere el art. 68,3, b ) y 68,4,b) de la LGT “. Mas carece de cobertura alguna que esta prolongación se realice también respecto de acto o trámites que no están previstos legalmente, y que, desde luego, en modo alguno cumple las funciones y produce los efectos que se reservan al escrito de alegaciones; por lo que la equiparación del escrito de alegaciones complementarias a recursos o reclamaciones, sea cuál sea su contenido, no puede sostenerse al faltar el presupuesto esencial que hace posible dicha equiparación con el escrito de alegaciones.
Ha de entenderse que una vez iniciada la reclamación económico administrativa, e interrumpido el plazo de prescripción que empieza a correr de nuevo, el procedimiento adquiere sustantividad propia e independiente, de suerte que en su curso sólo cabe la interrupción de la prescripción por parte del órgano actuante mediante la realización de la actividad procedimental normativamente prevista en tanto que sólo esta puede determinar la correcta y válida actividad administrativa; y desde la perspectiva del interesado, respecto de su inactividad cuando debiendo llevar a cabo una conducta jurídicamente exigible no la cumple voluntariamente, y respecto de la actividad desarrollada cuando se trate ” de actos fundamentales de desarrollo de esos mismos recursos o reclamaciones… se trate, también, de actos claramente dirigidos a hacer avanzar o impulsar el procedimiento y a producir el cese de la inactividad procedimental que en estos casos aparece como soporte o causa eficiente de la prescripción“.
Todo lo cual ha de llevarnos a considerar que sí existe doctrina contradictoria entre la recogida y base de la sentencia de instancia y las traídas de contraste. Y conforme a los términos expuestos ha de concluirse que la doctrina correcta es la recogida en las sentencias de contraste, lo que ha de llevarnos a casar y anular la sentencia y en la labor de jueces de la instancia y por las razones ya expuesta procede acoger la pretensión actuada en demanda por la actora y anular la resolución recurrida y los actos de los que trae causa por haber prescrito el derecho de la Administración a liquidar.”

 

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