7 de octubre de 2016.

Es bien conocido que el TJUE, en Sentencia de 3 de septiembre de 2014 n el asunto C-127/12, ha declarado que la normativa del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones española es contraria el Derecho Comunitario por vulnerar las libertades comunitarias.

Al respecto, cabe resaltar que las administraciones estatal y autonómicas están aplicando, en determinados casos, de forma retroactiva, la Sentencia mencionada, pero siempre en caso de que se pagara el tributo mediante  autoliquidación, a través del mecanismo de devolución de ingresos indebidos. Lamentablemente, no están aceptando la posibilidad de pedir devoluciones, cuando el Impuesto es exigido en base a una liquidación dictada por la Administración que se encuentre firme y consentida (por no haber sido recurrida).

Dicha vicisitud, para nosotros es una cuestión relevante, dado que nuestro despacho está ubicado en una zona turística con una población extranjera muy abundante, habiéndosenos  encargado la defensa de varios asuntos en los que la litis se refiere precisamente a la posibilidad de pedir la anulación de liquidaciones firmes y consentidas que  A TODAS LUCES VULNERAN EL DERECHO COMUNITARIO. Por el momento, no hemos recibido ningún pronunciamiento a favor, estando los asuntos en vía administrativa.

Si bien, al menos hipotéticamente, los cauces a través de los cuales podría pedirse la anulación de la liquidación son varios, cabe resaltar que están empezando a dictarse Sentencias que dan la razón al justiciable lo que supone, en nuestra opinión, una noticia muy positiva y que anticipa algo que creemos parece evidente: que las normas procesales españolas no pueden obstaculizar la aplicación del Derecho Comunitario y, si nuestro Ordenamiento Jurídico no prevé un sistema claro para anular liquidaciones firmes que lo vulneran, al final tendrán que inaplicarlo y anular de cualquier forma dichas liquidaciones.

Siguiendo este criterio, el  TSJ de Galicia ha anulado una providencia de apremio relativa a una liquidación firme, precisamente porque el contribuyente era ciudadano comunitario. Vemos por tanto, que el Tribunal ha anulado también la liquidación, aunque esta última fuera firme, precisamente porque se había vulnerado el Derecho Comunitario. Nuestro consejo es que recurra porque sospechamos que van a seguir apareciendo sentencias favorables

 

79 En consecuencia, debe apreciarse que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE , al permitir que se introduzcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.
En el presente caso se ha aportado por la recurrente certificado de registro de ciudadano de la unión europea expedido por el encargado del registro central de extranjeros en la comisaría local de Vilagarcía de Arousa en el que se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 10. 1 párrafo segundo del Real Decreto 240/20 07 de 16 de febrero Doña Sagrario ha solicitado y obtenido su exhibición el registro central de extranjeros de la dirección general de la policía y de la Guardia Civil como residente comunitario con carácter permanente en España desde el 3 de diciembre de 2002.
En consecuencia entendemos que ha quedado acreditada el carácter de residente comunitario de la recurrente por lo que procedería tramitar la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones tomando en consideración dicha condición de ahí que proceda, en estimación de la presente demanda, anular la providencia de apremio y la liquidación de la que esta trae causa.
Referencia: NFJ063290
<<Sentencia del TSJ de Galicia 226/2016, de 11 de mayo de 2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. n.º 15064/2015, Fundamento de Derecho Primero, NFJ063290>>
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