Otros recursos extraordinarios contra resolucion firme

En algunas ocasiones nos han encargado la defensa de asuntos en los que existe una resolución  firme . Por no haberse recurrido en su momento. En este tipo de casos, las posibilidades de defensa están muy limitadas, por lo que, normalmente, será prácticamente imposible lograr reabrir el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, en algunas ocasiones hemos iniciado procedimientos especiales cuando hemos considerado que se han vulnerado los derechos constitucionales del interesado.

A modo de ejemplo, actualmente hemos iniciado un proceso en el que se trata de retrotraer un expediente en el que la Administración competente denegó de forma reiterada la consulta del expediente y no se le dio trámite de alegaciones, lo que entendemos supuso un supuesto de nulidad de pleno derecho.

Los principales procedimientos que prevé la LGT para anular una resolucion firme son los siguientes.-

1.-  Revisión de actos nulos de pleno derecho.

2.- Revocación.

3.- Rectificación de errores.

El procedimiento de nulidad de revisión de actos nulos de pleno derecho se aplica en supuestos excepcionales y tasados. La norma los limita expresamente a los siguientes supuestos:

1.-  Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

2.-  Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

3.-  Que tengan un contenido imposible.

4.-  Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

5.-  Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.

6.- Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

7.- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

 Generalmente, la mayoría de los supuestos que se inician se suelen apoyar en los supuestos 1º y 5º. Tratando de reabrir el caso argumentando que no se respetaron los derechos fundamentales del interesado. Hay que resaltar que los Tribunales son reacios a admitir a trámite este tipo de peticiones quedando la mayoría de las peticiones, directamente archivadas.

 El procedimiento de revocación está previsto para supuestos extraordinarios en los que hechos posteriores a la notificación de la resolución convierten  ésta en abusiva o desproporcionada o injusta. Se trataría de una especie de indulto al administrado. Se prevé cuando se constata que dichos actos ;“infringen manifiestamente la ley. Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. O cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.”

A pesar de las buenas intenciones que se deducen de la lectura de la norma. El Tribunal Supremo ha limitado radicalmente su aplicación, de modo que debe entenderse como una potestad que tiene la Administración para reabrir un caso.

Pero nunca una obligación. Como dijimos antes, este procedimiento presenta cierta analogía con lo que sería la concesión de un indulto en materia penal: es una especie de “concesión graciosa”. Que da la Administración si lo estima conveniente. Es evidente, por lo tanto, que su aplicación será inusual.

En algunas ocasiones, a pesar de existir una resolución firme . La misma puede modificarse si se constata la existencia de errores no jurídicos. Son los llamados “errores materiales, de hecho, o aritméticos. Existe un límite temporal (el de prescripción para ejercitar este derecho)

Algunas veces es difícil deslindar cuando nos encontramos ante un error de hecho o derecho. Como ejemplo; La determinación de quién ostenta la propiedad en proindiviso de un bien puede ser es una cuestión jurídica o de hecho. Parece  evidente que habrá habido un error material. Si en una escritura un contribuyente compra el 50% y una liquidación le imputa el 100%. Pero en otros casos será mucho más complejo y requerirá de un análisis más complejo.

Al igual que sucede con los restantes procedimientos, los Tribunales de Justicia interpretan de forma restrictiva su aplicación, de modo que únicamente será viable en casos muy evidentes.

 

No dude en consultarnos si tiene alguna duda.

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