De todos es sabido que cuando se notifica una comprobación de valores, el administrado tiene la opción de solicitar el inicio de un procedimiento de tasación pericial contradictoria o recurrir directamente en reposición o ante el TEAR competente.

Para esta segunda opción, la normativa prevé que el administrado pueda reservarse el derecho a formular tasación pericial contradictoria, por lo cual, podrá ejercitarla una vez se resuelva la reclamación económica administrativa o recurso de reposición.

Lamentablemente, el Legislador no prevé esta alternativa para el caso de que el recurso económico administrativo interpuesto sea desestimado, debiendo el interesado recurrir a la vía contenciosa administrativa (judicial). Por lo tanto, se deberá ser precavido para no perder el derecho a formular la tasación en el caso de que se pierda el proceso judicial. Será por ello necesario iniciar el proceso de tasación pericial contradictoria, dentro del plazo previsto,  a la vez que se interpone el recurso contencioso administrativo.

Lamentablemente, esta duplicidad de procedimientos puede provocar que se produzcan resultados contradictorios en la medida en que puede anularse la primera comprobación de valores por sentencia, pero a su vez, la tasación pericial contradictoria termine con una nueva valoración. Se trata de una situación anómala que los tribunales no resuelven de forma homogénea.

Para evitar estos posibles conflictos la DGT, en Consulta Vinculante de fecha 3 de enero de 2017 V0011/2017 ha declarado que en el caso de que se interponga recurso contencioso administrativo, si se solicita a su vez la tasación pericial contradictoria, la oficina gestora debe suspender sus actividades hasta que recaiga sentencia.

Creemos que se trata de un avance que indudablemente va a suponer una mejora de la seguridad jurídica, clarificando los pasos a seguir en estos supuestos. Dice la DGT.-

“Evidentemente, en el caso de que las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas no fueran favorables a los interesados, estos podrán interponer recurso contencioso-administrativo, tal como por otra parte, dictamina el art. 249 LGT: 

“Las resoluciones que pongan fin a la fía económico-administrativa serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.” 

Si se realizara una interpretación estricta del precepto transcrito, podría conllevar que por una parte se estuviera litigando en vía jurisdiccional contra las resoluciones dictadas en vía administrativa antes mencionadas y por otra, que en vía administrativa se estuviera tramitando un procedimiento administrativo, la tasación pericial contradictoria, con la posibilidad de producirse resultados contradictorios o incoherentes. En tal sentido, no es descabellado que en vía jurisdiccional se anulase la comprobación de valor y que en vía administrativa se completara el procedimiento asignando un valor al bien en cuestión. 

Ello conlleva la necesidad de integrar ambas posiciones de tal manera que, como se ha señalado, el plazo el plazo de un mes que señala el artículo 135.1, párrafo segundo de la LGT se debería de contar a partir de que se haya notificado la propia resolución de la reclamación económico – administrativa previa a la TPC sobre la cual se ejercitó la reserva, pero, en el caso de que los obligados tributarios interponga recurso contencioso-administrativo, el procedimiento de tasación pericial contradictoria deberá suspenderse desde que el obligado tributario lo comunique a la Administración tributaria correspondiente. Con ello se cumple taxativamente con lo dispuesto en la norma a la par que se elimina la cuestión de la no simultaneidad entre la tasación pericial contradictoria y el recurso contencioso-administrativo que podría dar lugar a contradicciones.”

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