Afortunadamente, el Tribunal Consitucional ya está confirmando que es inconstitucional la exigencia de la plusvalía municipal en aquellos supuestos en los que haya habido pérdida en la venta, supuesto que lamentablemente ha tenido que suportar una gran multitud de ciudadanos y empresas en los últimos años.

Si bien el TC se refiere a la normativa foral de Álava, consideramos que la jurisprudencia emanada el Tribunal es perfectamente aplicable al resto del territorio nacional.

Afortunadamente debe tener en cuenta que aunque se hayan pagado el impuesto, todavía está a tiempo de pedir la devolución de lo ingresado, si lo solicita en el plazo de 4 años desde que realizó el ingreso. Por lo tanto, le animamos que se ponga en contacto con nosotros y nos exponga su caso. Analizamos su caso gratuitamente.

Si su usted está en este supuesto, podemos ayudarle. Nos adaptamos a sus necesidades pudiendo encargarnos del asunto cobrando principalmente nuestros honorarios a éxito en caso de que carezca de recursos o le resulte de interés.

Dice  la Sentencia del TC 7/2017, de 1 de marzo de 2017

“Pues bien, con fundamento en esa regulación concluíamos a renglón seguido que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente ‘de acuerdo con su capacidad económica’ (art. 31.1 CE)». De esta manera, «al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (STC 26/2017, de 16 de febrero, FJ 3).

(…) Por consiguiente, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.”
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