POR LA SUPRESIÓN EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES A LAS PERSONAS FÍSICAS Y PYMES.

Hasta 2011, en primera instancia, en el ámbito contencioso administrativo rigió el principio de imposición de costas  por el cual, por norma general no se imponían las costas procesales a la parte que hubiera perdido el procedimiento, salvo que hubiera litigado de mala fe. La redacción originaria era la siguiente.-

Artículo 139
1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas, razonándolo debidamente, a la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad.
Lamentablemente, ha partir de aquel año, en virtud de Ley 37/2011 de Agilización Procesal, las reglas cambiaron de modo que ahora se aplica el principio del vencimiento objetivo por el cual deben imponerse las costas a aquella parte que sea vencida,  “salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.”
Artículo 139.
1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
Después de unos años de aplicación de la nueva norma, en nuestro caso la sensación ha sido un tanto agridulce, porque, por una parte, hemos logrado condenas en costas a la Administración que antes hubieran sido imposibles, aunque también, en algún que otro contado supuesto, ha sido nuestro cliente el condenado a pagarlas.
También es cierto que los Tribunales están en muchas ocasiones limitando las costas por tener esa prerrogativa que les faculta a imponerlas  ” a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”. En estos casos, ha supuesto que el justiciable haya sido condenado a pagar una cantidad muy inferior a la que resultaría si se aplicaran los baremos orientadores de los Colegios de Abogados.
Ahora bien, después de pensarlo bien y viendo cómo funcionan las Administraciones en España, creemos que lo más justo es que respecto de la personas físicas y las Pymes se volviera al sistema antiguo de imposición de costas en primera instancia únicamente para el caso de que se litigue de mala fe. Es decir, que el régimen nuevo debería aplicarse en la inmensa mayoría de los casos únicamente a la Administración.
Ello es así porque, después de muchos años de litigación, uno constata que la administración española en su conjunto es, y lo decimos con respeto, una especie de monstruo de cientos de cabezas (una Hidra) y recursos humanos y  financieros ilimitados que actúa como una apisonadora contra el justiciable que, recordamos, en caso de ser un ciudadano español medio, por lo general estará financieramente muy limitado, con apenas dinero para pagarse un abogado que evidentemente nunca va a disponer de los medios que tendrá una organismo público.
No es justo que el ciudadano medio y las Pymes tengan que luchar te tú a tú contra las administraciones que recordamos suelen tener sus propios equipos de abogados de oposición en nómina, capaces de formar equipos, poseedores de inmensas bases de datos, medios, etc.  Y, a mayor abundamiento, hay que sumarle todo el trabajo previo que realizado por  los funcionarios en vía administrativa lo que les allana muchísimo su labor, a parte que pueden realizar incluso tareas de consultoría.
Por último, también es cierto que las administraciones suelen actuar como un rodillo y les cuesta mucho trabajo recapacitar y dar la razón al interesado a través de un recurso administrativo. Ello implica que muchas veces el administrado se ve  en la penosa tarea de recurrir a la vía judicial porque, aunque sus argumentos son justos, la administración prefiere “tirar para adelante” obligando a éste a ir a juicio porque es probable que con esta política muchos se aburran y lo den por perdido o, sino, al menos, logran alargar los procesos unos cuentos años más.
En fin: es evidente que existe una desproporción de fuerzas que, en nuestra opinión, justifica que no deban imponerse las costas al ciudadano o a las pequeñas empresas, únicamente a la Administración, que tal vez, de este modo, se vea, al menos en la necesidad de ser mas diligente en la gestión de sus asuntos. Ojalá nuestros gobernantes cambien.
Llama la atención que en otros estados, por ejemplo, Noruega, la desproporción de fuerzas y medios, es un motivo a tener en cuenta para no imponer las costas procesales. Un ejemplo, sería el de los pescadores españoles que han litigado contra Noruega reclamando sus pensiones. El Tribunal ha desestimado el recurso, pero, al menos, no ha obligado a pagar los costes del proceso, por los motivos ya indicados. Les damos ánimos y les deseamos buena suerte. La guerra no ha acabado.
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